El 10 de agosto de 2026, mientras los equipos de rescate trabajaban entre los escombros de Cali, el debate público repitió, con la puntualidad de los desastres, la frase de siempre: "hay que actualizar la NSR-10". Era la respuesta más conveniente porque desplazaba la responsabilidad hacia la norma y alejaba la pregunta más incómoda: ¿la NSR-10, incluso actualizada, llegaría a donde está el riesgo real?
La respuesta, documentada en cifras, es no. El 52% de los edificios colombianos fue construido antes de que existiera la NSR-10 o su antecesora, el Decreto 1400 de 1984. El 60% de las nuevas viviendas en el país se construyen sin licencia, sin técnico, sin verificación. La norma protege las construcciones formales nuevas — que son, en la ciudad real, una minoría. El riesgo habita donde la norma no tiene ni entrada.
El mapa del riesgo real
La NSR-10 — el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, vigente desde 2010 — es obligatoria para toda construcción que requiera licencia urbanística. En teoría, eso debería cubrir la totalidad del parque edificado nuevo. En la práctica, el sistema tiene una fractura que los datos hacen visible.
El Departamento Nacional de Estadística (DANE) estima que en Colombia el 60% de las viviendas nuevas se construyen en la informalidad: sin licencia, sin planos firmados por arquitecto o ingeniero, sin interventoría, sin la curaduría que verifica el cumplimiento de la norma antes de construir y después de terminar. Para esas viviendas, la NSR-10 simplemente no existe. No porque no esté escrita — sino porque nadie tiene el mandato ni el mecanismo para hacerla cumplir donde se necesita.
Y ese segmento no es marginal. Es la ciudad que crece en los márgenes de Cali, en los barrios de ladera, en las urbanizaciones populares que no pasan por curaduría porque el trámite cuesta, porque tarda, porque el propietario no tiene los medios para contratar un arquitecto. Es la ciudad que el 10 de agosto mostró su cara más frágil.
"El problema no es que la NSR-10 falle. El problema es que la NSR-10 no llega a donde vive el riesgo — y eso es una decisión, no un olvido."
Hay un segundo segmento de invisibilidad: el parque edificado previo a 1984, cuando Colombia no tenía norma de construcciones sismo resistentes. Barrios enteros del centro histórico de Cali, de San Fernando, de San Antonio, de El Peñón — barrios con identidad arquitectónica, con valor patrimonial, con familias de varias generaciones — fueron construidos sin ninguna consideración sismorresistente. La NSR-10 no tiene retroactividad. No obliga a esas edificaciones a cumplir. Y sin un programa de reforzamiento estructural financiado y ejecutado — no planeado, no prometido: ejecutado — esas construcciones seguirán siendo lo que son: una deuda sísmica que la ciudad paga en el momento menos esperado.
El espejo Chile-Japón: no es la norma, es el sistema completo
La comparación con Chile y Japón es inevitable en cada debate post-sísmica colombiano, y suele terminar en la misma conclusión superficial: "ellos tienen mejores normas". La realidad es más precisa y más incómoda: tienen mejores sistemas.
Chile no tiene una norma sismorresistente más exigente que Colombia en sus especificaciones técnicas de diseño estructural. La diferencia está en el mecanismo de verificación: en Chile, las aseguradoras, los bancos y las autoridades de habilitación de uso verifican el cumplimiento sísmico en cada transacción inmobiliaria. Comprar, vender, arrendar o hipotecar un inmueble activa un proceso de verificación técnica que hace que el incumplimiento tenga consecuencias económicas directas para el propietario. El mercado, no solo la norma, castiga la informalidad sismorresistente.
Japón va más lejos: tiene evaluaciones periódicas obligatorias de todos los edificios existentes — no solo los nuevos — y subsidios públicos para el reforzamiento estructural de los que no cumplen. La norma no solo aplica hacia adelante. Aplica hacia atrás. Y hay dinero público para cumplirla.
Colombia tiene una norma que nació en 1984 sin mecanismo de retroactividad y sin voluntad política de crearlo. La NSR-10 de 2010 tampoco lo incorporó. El resultado es que el parque edificado anterior a 1984 — el más vulnerable — está completamente fuera del alcance del sistema de cumplimiento normativo.
Armenia 1999 → 2026: la diferencia es la decisión
El 10 de agosto de 2026, el mismo sismo que colapsó 24 edificios en Cali y dejó 177 con daño severo, sacudió también a Armenia. En Armenia no hubo muertos. Esa diferencia no se explica por la geología, ni por la distancia al epicentro, ni por la magnitud local del movimiento. Se explica por una decisión que Armenia tomó hace 27 años y que Cali nunca terminó de tomar.
El 25 de enero de 1999, Armenia quedó destruida en 44 segundos. 1.185 muertos. 45.000 familias damnificadas. El 60% del área urbana en escombros. El gobierno nacional creó el FOREC — Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero — como mecanismo extraordinario de gestión, y en dos años y medio reconstruyó más de 37.000 unidades de vivienda: todas con norma, todas con técnico, todas con supervisión de proceso.
La reconstrucción de Armenia no fue perfecta. Tuvo corrupción, tuvo demoras, tuvo disputas políticas. Pero tuvo una característica que la hizo diferente: las nuevas viviendas fueron construidas por la cadena formal completa — arquitecto, ingeniero estructural, constructor verificado, interventoría. La NSR llegó a donde vivía el riesgo porque el Estado pagó para que llegara.
27 años después, el mismo sismo reveló que esa decisión era la diferencia entre cero muertos y decenas de muertos. Entre una ciudad resiliente y una ciudad frágil.
La brecha caleña: una ciudad con arquitectura sin arquitectos
Cali tiene una paradoja que el gremio reconoce pero raramente nombra en voz alta: es una de las ciudades colombianas con mayor tradición de formación arquitectónica — Universidad del Valle, Universidad San Buenaventura, Universidad Javeriana Cali, Universidad Antonio Nariño y Universidad Autónoma de Occidente — y construye su ciudad mayoritariamente sin arquitectos.
Los barrios que más crecieron en los últimos 20 años en Cali — Siloé ampliado, los cerros de Ladera, Ciudad Córdoba hacia el oriente, los desarrollos populares del sur — no pasaron por curaduría. No tienen planos firmados. No tienen interventoría. Tienen paredes de bloque, losas de concreto vaciadas en obra, columnas con refuerzo comprado en ferretería sin especificación técnica. Esas construcciones no incumplen la NSR-10: simplemente no saben que existe.
Y aquí es donde la pregunta deja de ser técnica y se vuelve política: ¿quién tiene la responsabilidad de llevar la norma a donde vive el riesgo? El Ministerio de Vivienda no tiene presupuesto ni personal para eso. Las curadurías urbanas solo actúan cuando alguien les tramita una licencia. Las universidades de arquitectura forman profesionales que en su mayoría ejercen en el sector formal. La brecha sigue intacta.
La pregunta que el gremio debe responder
El ángulo de República Arquitectura no es que la NSR-10 deba actualizarse — aunque quizás deba. Es que el gremio que diseña tiene una responsabilidad sobre el gremio que construye sin diseño. No como juicio. Como pregunta.
¿Qué hace la disciplina arquitectónica con la brecha entre la ciudad formal que ella construye y la ciudad informal que construye la mayoría? ¿Es suficiente con diseñar bien los edificios que tienen arquitecto, cuando esos edificios son una minoría en la ciudad real? ¿Puede el gremio reclamar relevancia social cuando su presencia se circunscribe al segmento que ya tiene acceso a los recursos técnicos?
Hay respuestas posibles. En Chile, los arquitectos participan en programas de asistencia técnica gratuita para autoconstrucción en zonas de riesgo — financiados por el Estado, coordinados por los colegios de arquitectos. En Colombia existe la figura legal de la Asistencia Técnica de Vivienda de Interés Social, pero nunca ha tenido escala ni financiamiento suficiente para cambiar la realidad de la ciudad informal.
El 10 de agosto abrió una ventana. Las crisis abren ventanas — cortas, pero reales. La Alcaldía de Cali, CAMACOL Valle, el SCA, las escuelas de arquitectura y el gremio tienen ahora la legitimidad del momento para proponer algo que no sea solo una actualización técnica de la NSR-10. Para proponer un sistema que haga llegar la norma a donde vive el riesgo: con mecanismos de verificación, con incentivos económicos, con programas de asistencia técnica gratuita para la ciudad que construye sin arquitecto.
La pregunta no es si la NSR-10 debe actualizarse. La pregunta es si estamos dispuestos a construir el sistema que la haga llegar a donde vive el riesgo. Esa es una decisión — no técnica, sino política y gremial. Y el 10 de agosto hizo que posponerla sea difícil de justificar.